Carlos Julio Báez Evertsz

15/04/2013

Una cosa es indudable, en unas elecciones aunque se gane por un voto, se ha ganado. Aceptar este principio de la democracia electoral es duro para quien pierde, pero eso se encuentra en las reglas básicas del juego democrático.

Cuando uno tiene dudas elevadas sobre la falta de limpieza de unas elecciones, de que hay fraude, o cualquier otra componenda para distorsionar el libre ejercicio del voto, lo mejor es no presentarse, denunciarlo y atenerse a las consecuencias políticas.

Lo que no es asumible es que se hagan denuncias de presuntos fraudes y pese a todo ello, uno siga adelante en el juego electoral, con la idea de que, si gano, el fraude no existió, y si pierdo es que ha habido fraude. Esto es propio de timadores o de políticos insolventes.

En América Latina siempre se ha tratado de condicionar el voto. Antes el clientelismo se ejercía de la manera típica de los caciques, a través del control directo de los campesinos y peones agrarios. Luego hemos evolucionado hacia formas más sofisticadas. El nuevo clientelismo se logra, con el proceso de urbanización, con el asistencialismo social, manipulado, desde el Estado y los partidos en el poder. Se trata en ambos casos de formas de mantener un sector del electorado cautivo.

Lo que es cada vez más curioso en nuestra América Latina es que a sabiendas de que los fenómenos de tener votantes cautivos existe, los medios de comunicación más relevantes internacionales, sólo destacan la posibilidad de esas distorsiones del ejercicio del voto libre cuando hay gobiernos progresistas (En Ecuador, en Venezuela, en Argentina, en Bolivia…)

Los gobiernos favorables a los intereses empresariales y financieros internacionales, aquellos que no defienden los justos intereses de sus ciudadanos ante la avaricia de los mercados, esos casi nunca son acusados de ejercer el fraude electoral. Es la versión actualizada – sin decirlo- de son unos “sons of a bitch, SOB”, pero son nuestros SOB.

Los que están dispuestos a ceder en todo ante el gran capital, ante las corporaciones multinacionales y firmar contratos leoninos para sus pueblos, están libres de hacer triquiñuelas electorales y fraudes masivos. Siempre se mira para otro lado. Pero si un gobierno es más o menos progresista, todo son dudas de distorsiones del libre ejercicio electoral.

En Venezuela ha habido durante el chavismo  más de una docena de elecciones y las mismas han sido libres –aunque supongo que tampoco químicamente puras-, porque desde el Estado se habrá usado recursos al servicio de los candidatos del poder.

Es lo que ocurre, en grado diverso, en casi toda América Latina. Pero insisto, solo se destaca este hecho cuando se celebran elecciones en países con gobiernos progresistas.

Me parece seria la actitud de Maduro de haberse negado, a instancias de Capriles, a llegar a una componenda entre ellos al margen del resultado electoral. El conteo ha dado un triunfo por más de 200 mil votos a Maduro y es el elegido para la Presidencia de Venezuela. De la misma manera que Capriles fue elegido como gobernador  del estado de Miranda por unos 30 mil votos de diferencia, a su favor, sobre Elías Jaua. Así es el juego democrático.

La victoria de Maduro es amarga. Con la muerte de Chávez se esperaba una reacción emocional de parte del electorado que se volcara en votos a Maduro. Esa avalancha no se ha producido. Maduro ha heredado la maquinaria política del chavismo pero no su carisma, no su fuerza, no su empuje. Debe reconocerlo y tratar de no actuar como si fuera un Chávez redivivo. No lo es.

Desde lejos,  creo que dos líneas de actuación política son esenciales ante esta nueva coyuntura política. Actuar buscando un mayor consenso en ciertas políticas internas con la oposición representada por Capriles. Porque está matemáticamente demostrado que Venezuela es mitad chavista o bolivariana y mitad contraria a esa vía.

En segundo lugar, tomar nota que el pueblo en general se resiente del auge del bandolerismo y la inseguridad ciudadana. Hay que asegurar que los venezolanos puedan usar con libertad los espacios públicos, para ello hay que llevar  a los delincuentes ante los jueces y meter a los condenados por delitos en las cárceles.

Tercero, sin abandonar las políticas sociales del chavismo hay que racionalizarlas. Las políticas asistenciales no son necesariamente malas  pero deben tener una contrapartida. Es mejor que se proporcionen a cambio de trabajo social, comunitario, barrial, en obras públicas, labores de prevención del delito, etc.

Es preferible políticas de estimulo para hacer trabajos colectivos que dar a cambio de ninguna contrapartida ciudadana. Crear una Cultura del Trabajo es estratégico para la dignidad y el desarrollo de un pueblo. Dar de comer o solventar una necesidad hoy para seguir teniendo hambre o necesidad mañana no es una solución, es una táctica errónea que no da –a la larga-, réditos políticos.

Cuarto, hay que ser más pragmáticos y racionales. Hay una cierta “cultura de izquierda” que considera que todo se soluciona con las nacionalizaciones –de la misma manera que hay una cultura de la derecha, que cree que la solución divina a todo es la privatización-, ambos fundamentalismos, del Mercado y del Estado, son profundamente erróneos.

Lo importante es que el excedente sea invertido en futuro, provenga este de empresas públicas, mixtas o privadas. Invertir en lo que de verdad hace prosperar a los países: Educación, Investigación para el desarrollo, e inversiones estratégicas (infraestructuras, nuevas tecnologías, energía, defensa del medio ambiente).

Por tanto, menos palabrería progresista y más eficacia en la gestión. Más efectividad en la supervisión de los contratos. Más control en los beneficios, y mejor captación de impuestos progresivos. Un sistema penal sancionador para los evasores que desestimule el robo al Estado.

Un severo control  para los políticos para disuadirlos de actos  corruptos y la prohibición por Ley de desempeño de cargos públicos para los condenados por la comisión de actos corruptos, sobornos, apropiación indebida, cohecho. Acabar con la indecente impunidad de los políticos para crear una cultura de la ética pública y la credibilidad en los servidores públicos. En fin, la regeneración de la política para fortalecer la democracia.

Santo Domingo, 15 de abril de 2013