VENEZUELA

I. Guaidó, acusado de ‘incumplimiento de contrato’ por los mercenarios a los que contrató

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Roberto Montoya*

Militares venezolanos rebeldes y ultras de la oposición venezolana acusan a Guaidó de descolgarse  a último momento del plan para secuestrar a Maduro y trasladarlo a EEUU. Y la compañía de mercenarios Silvercorp USA Inc. lo denuncia por “incumplimiento de contrato”.

La vida de Juan Guaidó corre peligro, tal vez más que nunca. Un año y varios meses después de autoproclamarse ‘presidente interino’ se encuentra acorralado.

No solo acumula fracaso político tras fracaso político más de un año después de haberse autoproclamado ‘presidente encargado’ de Venezuela, sino que acumula enemigos, cada vez más, y algunos de ellos muy peligrosos.

No es ya el Sebin (servicio de Inteligencia venezolano) su mayor peligro actual, ni son las FAES (las temidas Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, de gatillo fácil).

No, el Gobierno de Nicolás Maduro ha evitado durante todo este tiempo detenerlo para no dar la excusa esperada por EEUU y países vecinos de Venezuela para intervenir militarmente en ese país.

Así Guaidó ha podido mantener sedes en lugares conocidos; dar ruedas de prensa con medios nacionales e internacionales sin esconderse; participar en mítines callejeros en distintas zonas del país; realizar giras por América Latina, Estados Unidos y Europa, España incluida.

En su visita a nuestro país en enero pasado el alcalde de Madrid, José Manuel Martínez Almeida y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, le entregaron las Llaves de Oro de la capital.

Conocidos personajes de la oposición venezolana y ex altos oficiales del Ejército bolivariano que desertaron y se entrenan desde hace al menos dos años en zonas de la frontera de Colombia con Venezuela con consentimiento del Gobierno de Iván Duque, se sienten traicionados por Juan Guaidó.

Le culpan por haberse echado atrás en el plan acordado en 2019 con ellos para secuestrar y/o matar a Maduro y a varios de sus más estrechos colaboradores.

Hacen responsable a Guaidó de provocar que en un acto de desesperación un grupo de militares abandonados por él lanzaran el esperpéntico ataque militar marítimo del pasado domingo 3 de mayo en dos zonas costeras de Venezuela, que terminó en un rotundo fracaso.

Dos grupos de una decena de hombres cada uno a bordo de lanchas rápidas provenientes de Colombia intentaron desembarcar en suelo venezolano, unos en el puerto de Macuto, estado de la Guaira, litoral de Caracas, y otros en el pueblo costero de Chuao, estado de Aragua, a 70 kilómetros de a capital, pero fueron repelidos por las fuerzas armadas venezolanas.

En el caso de Chuao, zona de pescadores, participaron también en la defensa miembros locales de la Milicia Bolivariana.

Ocho de los atacantes resultaron muertos en los enfrentamientos -entre ellos el capitán del Ejército Robert Colina, alias ‘Pantera’- y varios ex militares y mercenarios fueron capturados. En este vídeo de Twitter se lo ve a Colina con sus hombres pocas horas antes de embarcar en Colombia. (https://twitter.com/i/status/1256995298880229378 ). En total son más de 40 los detenidos por ahora por participar en esa acción o ser cómplices en tierra, según el Gobierno. En localidades cercanas se encontraron armas y pick-up con ametralladoras semipesadas montadas.

Maduro dio a entender que su gobierno los tenía infiltrados desde hace tiempo. “Sabíamos hasta lo que comían”, dijo el presidente venezolano con sorna.

Entre los militares detenidos por su participación en el frustrado operativo comando del pasado domingo 3 de mayo está el también capitán Antonio José Sequea, participante el 30 de abril de 2019 en la también frustrada sublevación militar dirigida por Juan Guaidó y Leopoldo López, su predecesor y mentor.

Tras aquel fracaso Leopoldo López, que había sido ‘liberado’ ese día por Guaidó y un puñado de militares de su arresto domiciliario, se terminó refugiando en la embajada española en Caracas, donde aún permanece .

El capitán Sequea, que en un vídeo y acompañado de una veintena de uniformados armados había hecho un llamamiento a “los militares patriotas” para sublevarse ( https://bit.ly/2WkBkH5 ) reivindicó ser el comandante a cargo de la Operación Gedeón.

Otro de los detenidos tras el frustrado desembarco es Adolfo Baduel, hijo del ex general Raúl Isaías Baduel, quien fuera aliado de la primera hora de Hugo Chávez.

Hombre clave en el rescate del líder bolivariano cuando este fue secuestrado unas horas durante el golpe de Estado de 2002, llegó a comandante general del Ejército (2004-2006) y luego a ministro de Defensa (2006-2007).

El ex gran aliado de Chávez terminó criticando públicamente en 2007 “la desviación del proyecto  original” del chavismo y dos años después fue encarcelado y condenado por un presunto caso de corrupción, más que dudoso y con tufo de represalia gubernamental.

Otro de los hijos de Baduel, Raúl Emilio, también fue encarcelado en 2014 durante las protestas callejeras y condenado a ocho años de prisión.    

Ex altos oficiales militares rebeldes fugados a Colombia intentaron nuevamente en vano que se sublevaran las fuerzas armadas bolivarianas

Paralelamente a los enfrenamientos armados entre los atacantes y la defensa bolivariana el pasado 3 de mayo se emitía un vídeo filmado desde territorio colombiano en el que el general desertor Javier Nieto Quintero y Jordan Goudreau, ex ‘boina verde’ del Ejército de EEUU, anunciaban el comienzo de la Operación Gedeón “en distintas zonas del país” y hacían también un llamamiento a la sublevación a los militares venezolanos.

Según decía Nieto Quintero en el vídeo ( https://bit.ly/3fA5v4s ) el objetivo era “la captura de la organización criminal que hoy desafortunadamente rige los destinos de la nación” y “la libertad de nuestro pueblo y de nuestros prisioneros políticos”. Según el ex militar esos objetivos estaban “consagrados” en la Constitución venezolana y en tratados y tribunales internacionales.

Nieto aclaraba que esos tribunales internacionales eran “los que ordenaron la captura del cartel narcotraficante” que gobierna el país, en clara alusión a los pedidos de búsqueda y captura que lanzó la Administración Trump a fines de marzo pasado ofreciendo recompensas de 10 y 15 millones de dólares por la cabeza de Maduro y una quincena de los más altos cargos públicos de Venezuela, de lo que ya informábamos en estas mismas páginas de El Salto. (https://bit.ly/3bom686).

Evidentemente ese anuncio de Trump, acompañado de carteles de “Busca y captura” con millonarias recompensas al mejor estilo del viejo Far West supuso un incentivo y un espaldarazo para lanzar esta última intentona golpista.

El hombre que aparece en el vídeo junto al ex general Nieto Quintero, Jordan Goudreau, de origen canadiense, de 43 años, ex ‘boina verde’ del Ejército de EEUU, ex escolta de Bush, fundó en 2018 la compañía de seguridad privada estadounidense Silvercorp, en cuya publicidad reivindica haber hecho servicios para la Administración Trump.

En un vídeo publicitario en su web  se ve al Rambo Goudreau en el concierto que Guaidó organizó en febrero de 2019 en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, el Venezuela Live Aid, con el que la oposición, arropada por artistas -Alejandro Sanz y Miguel Bosé entre ellos- y varios mandatarios de la derecha latinoamericana pretendía lanzar un plan para irrumpir en suelo venezolano con una ‘caravana humanitaria’.

Fue uno de los primeros sonoros fracasos de la ofensiva de Guaidó a pocos meses de autoproclamarse ‘presidente encargado’.

Al fundador de Silvercorp se lo ve ahí, en ese acto, era el responsable de la seguridad de esa costosa operación.

Entre los atacantes detenidos hay dos ex ‘boinas verdes’ contratadospor una empresa privada de seguridad de Estados Unidos

Dos de los atacantes de la Operación Gedeón capturados por las fuerzas bolivarianas el 3 de mayo trabajaban para Silvercorp y así lo reconocieron.

Se trata de los mercenarios estadounidenses y también ex miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos Luke Denman y Aaron Barry, quienes portaban credenciales de Silvercorp.

Barry, un veterano que estuvo en las guerras de Irak y Afganistán por periodos de un año en 2002, 2005 y 2007 manteniéndose en el Ejército de EEUU hasta 2012, explicó en cámara a sus interrogadores venezolanos el papel que tenía asignado en la Operación Gedeón. (https://youtu.be/9J-7vNNh4o8)

Por su parte su compañero, Denman, declaró también en otro vídeo (https://bit.ly/3ckRtlp) que el objetivo era capturar a Nicolás Maduro para trasladarlo a Estados Unidos a fin de ser juzgado.

Ellos se encargaban desde meses atrás de entrenar militarmente a decenas de hombres en campamentos en territorio colombiano fronterizo con Venezuela, en la zona de Riohacha, y debían participar junto al capitán Sequea y otros militares y mercenarios en la toma de la torre de control del aeropuerto de la base aérea de La Carlota.

De esta forma, despejarían sus pistas para facilitar el aterrizaje de aviones extranjeros con fuerzas de refuerzo con las cuales se pretendía ocupar el palacio presidencial de Miraflores y las sedes de la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

Su misión era capturar y/o neutralizar -léase matar- a Nicolás Maduro, al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y los otros 13 altos cargos civiles y militares por los cuales Trump ofreció millonarias recompensas, para trasladarlos a EEUU para ser juzgados.

Sería una variante mucho más limitada pero con algunas características comunes a la intervención militar que realizó Estados Unidos en 1989 en Panamá, en la los marines y agentes de la CIA  secuestraron y trasladaron a EEUU al general y presidente Manuel Noriega, condenado luego por tribunales estadounidenses por narcotráfico.

También algunos califican ya a esta frustrada operación golpista de ‘Playa Girón a la venezolana’, en alusión al también frustrado intento de invasión de Cuba en 1961 por parte de mercenarios y ex militares del dictador Batista apoyados por EEUU que fue aplastado por las fuerzas de la joven revolución cubana.

El director de Silvercorp USA Inc. denuncia a Guaidó por “incumplir” un contrato de 212.900.000 dólares

El mismo 3 de mayo pasado, pocas horas después de que fracasara la Operación Gedeón en la costa venezolana, una conocida opositora de la línea dura venezolana exiliada en Miami, Patricia Poleo -crítica también de Guaidó- , llevaba a cabo una edición especial de su programa Agárrate, en el canal de Youtube Factores de poder, conmás de medio millón de seguidores, para valorar en caliente los hechos que estaban sucediendo en Venezuela.

Su invitado especial, vía telemática: Jordan Goudreau.

A pesar de que el programa acordó con el mercenario no mencionar el lugar en el que este se encontraba, por la imagen parece tratarse del mismo escenario y usar la misma ropa con el que horas antes se grabó el vídeo en el que aparecía con el general Nieto Quintero anunciando el comienzo de la Operación Gedeón, supuestamente en la frontera colombiana con Venezuela.

El director de Silvercorp sostuvo en esa entrevista que nunca revelaba detalles de los contratos que firmaba con sus clientes pero que en ese caso sí lo haría porque la otra parte que lo firmó, Juan Guaidó, lo violó. https://www.youtube.com/watch?v=1-L2VQPnZMI .

Durante la entrevista Goudreau mostró en su mano el contrato firmado y en cámara se pudo comprobar quiénes eran los firmantes.

La firma de Guaidó es la primera que aparece en nombre de su ‘gobierno’; a su lado la del propio Goudreau en nombre de Silvercorp y debajo dos hombres de suma confianza de Guaidó, Sergio Vergara y J.J.Rendón.

Vergara y Rendón fueron nombrados formalmente por Guaidó en julio de 2019 para encabezar el llamado Comité de Estrategia de su ‘gobierno’.

Como testigo de la firma de este peculiar contrato aparece otro personaje conocido, el abogado penalista Manuel J. Retureta, de origen cubano pero criado en Colorado.

Fundador del bufete de abogados Retureta & Wassem, con sede en  Washington, Manuel J. Retureta  ha defendido en el pasado a conocidos personajes procesados por narcotráfico, como los hondureños Juan ‘Tony’ Hernández -hermano del actual presidente de Honduras- o el hijo del ex presidente Porfirio Lobo, Fabio Lobo. Este fue condenado a 24 años de cárcel por narcotráfico.

Se asegura que el contrato fue firmado en su despacho.

Goudreau acusa de ‘traición’ a Guaidó por no cumplir con la financiación de la operación, con un presupuesto total de 212,9 millones de dólares y que estuvieron 60 hombres armados en la frontera abandonados a su suerte; que solo recibieron una pequeña cantidad de adelanto -50.000 dólares- pero que decidieron seguir adelante con sus propios recursos porque estaba en juego “la liberación de Venezuela”.

Goudreau asegura en el vídeo que la operación era “fácil” y que de haber contado con los medios prometidos se podría haber llevado a cabo con éxito.

Para dar más credibilidad a su denuncia Goudreau dio a conocer también un audio de una videollamada que mantuvo con Guaidó en 2019 (https://www.youtube.com/watch?v=i02mI21z0Sk)

Guaidó dijo primero que todo era “un montaje” de Maduro,una semana después reconoció que se estudió “la opción de una salida por la fuerza”

Cuando se conoció el 3 de mayo que había fracasado la Operación Gedeón y el Gobierno acusó a Juan Guaidó, a Iván Duque y a Donald Trump de estar detrás de ella, el ‘gobierno interino’ de Guaidó emitió un comunicado rechazando cualquier responsabilidad y acusando a Maduro de elaborar “un nuevo montaje”.

Guaidó declaró posteriormente que en Venezuela no hacían falta mercenarios para derrocar a Maduro porque había “muchos militares patriotas”, miles de ellos, dispuestos a hacerlo.

Sin embargo, los hechos se precipitaron y uno de los miembros de su Comité de Estrategia, Juan José Rendón, reconoció el 6 de mayo en una entrevista en la CNN en español (https://cnn.it/2WotjAS ) que él personalmente había firmado ese contrato con la empresa de mercenarios. Junto con él, Sergio Vergara, el otro hombre de confianza de Guaidó integrante de ese comité, pero negó que Guaidó lo hubiera hecho. No sabe explicar “cómo terminó ahí la firma de Guaidó” y dice que ha habido “distintas copias, textos preliminares”, etc.

J.J.Rendón, con un largo historial de asesor electoral en distintos países, dijo que la misión del Comité de Estrategia consistía en estudiar “todas las opciones” para quitar del poder a “la dictadura narco-terrorista de Maduro”.

Entre esas opciones se estudió una “salida por la fuerza” y se pidió planes posibles a varias de las numerosas compañías militares privadas existentes en EEUU, legales, dirigidas por ex militares bien relacionados con el Pentágono.

Finalmente tras descartar los planes de algunas que llegaron a pedir hasta 500 millones de dólares, se firmó un acuerdo de 41 páginas con Silvercorp USA Inc, muy detallado, que incluía distintas fases y se entregaría un adelanto de 50 millones del presupuesto total de 212,9 millones de dólares que se pagaría mes a mes y ya con Guaidó en el poder, teniendo como garantía el petróleo venezolano.

Según  este estratega político, “el contrato era totalmente legal”, “estaba amparado por numerosas leyes internacionales” y asegura que en definitiva el objetivo era entregar a Maduro y los máximos responsables de su gobierno a los tribunales estadounidenses, tal como había reclamado Donald Trump al lanzar en marzo el pedido de búsqueda y captura contra ellos.

Rendón, que al igual que Vergara vive en EEUU, dice en la entrevista que se negoció directamente con Jordan Goudreau, pero asegura que en octubre pasado decidieron cancelar el plan por desconfianza en la implicación en él de algunos altos oficiales desertores asentados en Colombia y por el temor a que el grupo estuviera infiltrado.

Además, según declaró a The Washington Post, comenzaron a desconfiar de que Jordan Goudreau pudiera aportar los 800 mercenarios con los que aseguraba contar.

Sostiene que Guaidó “solo conocía los términos generales del acuerdo”. “Está muy ocupado y no llegó a leer las 41 páginas con todos sus detalles”. Según este hombre de absoluta confianza de Guaidó, éste estaba tan ocupado con cosas más importantes que el plan para derrocar a Maduro y auparlo a él en el poder, por lo que delegaba en sus colaboradores “los detalles”.

A pesar de que Rendón intentaba al conceder esa entrevista a la CNN demostrar que ese contrato firmado “nunca entró en vigor porque se canceló en octubre de 2019”, según la investigación de varios periodistas de The Washington Post el primer encuentro con Goudreau tuvo lugar en septiembre de 2019 y el acuerdo se firmó a fines de octubre y fue solo en noviembre cuando el equipo de Guaidó decidió abandonar el proyecto con Silvercorp.

Rendón dijo que no hubo una cancelación formal del contrato firmado porque Goudreau la consideró innecesaria, y que por lo tanto la gente de Guaidó rechaza tener cualquier tipo de  responsabilidad en que califican “operación suicida” del pasado 3 de mayo.

Pero el reconocimiento de haber firmado al igual que Vergara ese contrato, aunque posteriormente se haya cancelado efectivamente, pone en serios aprietos a Guaidó que había negado conocer al jefe de los mercenarios y su compañía, asegurando que su ‘gobierno’ no había firmado con él ni con ninguna compañía de seguridad militar contrato alguno.

Poco después de las declaraciones de este colaborador el ‘presidente encargado’ se vio obligado a pedir la dimisión a Rendón y a Vergara, y en una entrevista a EVTV Miami, uno de los numerosos canales de opositores venezolanos existentes en Miami reconoció que “lógicamente” era misión de su Comité de Estrategia “estudiar todos los escenarios posibles”, entre ellos explorar “una salida por la fuerza” de Maduro, aunque dijo que sus dos estrechos colaboradores se habían “extralimitado” en el trabajo que les encomendó (https://bit.ly/35Shndy).

Sin embargo, el detallado plan que se lee en el contrato firmado con Silvercorp hace muchos meses deja en evidencia que Guaidó y su gente descartaron hace mucho tiempo la vía de negociación con el Gobierno de Maduro que sí iniciaron varios de los partidos de la oposición, y decidieron persistir en la búsqueda de una vía violenta, en un golpe cívico militar.

II. La letra pequeña del contrato que firmó Guaidó para “capturar/matar” a Nicolás Maduro

En la segunda parte de su investigación sobre el último frustrado ataque contra Maduro, Roberto Montoya analiza las exhaustivas cláusulas del contrato firmado por Guaidó con una compañía de mercenarios estadounidense

“El contrato firmado por Juan Guaidó con la aquiescencia de Washington es un hecho delictivo grave y hace recordar los contratos que firmaban las monarquía europeas con flotas de piratas que actuaban bajo sus instrucciones. Al igual que hace ahora EEUU las monarquías entonces también negaban públicamente estar detrás de esos piratas”.

Luis Britto, uno de los más veteranos, comprometidos y prolíficos intelectuales de Venezuela, valoraba así el contrato firmado por el líder opositor Juan Guaidó y sus dos más estrechos colaboradores, Sergio Vergara y Juan José Rendón, con el presidente de Silvercorp USA Inc.

En ese documento, que cuenta con ocho páginas resumiendo el proyecto y otras 41 páginas de anexos, se detallan exhaustivamente los deberes y obligaciones de los mercenarios de esta empresa con sede en Florida durante la misión para “detener/capturar/matar” a Nicolás Maduro y a más de una decena de altos cargos de Venezuela.

La primera parte del documento, de 8 páginas, General Services Agreement (Contrato General de Servicios), es la mostrada ante cámara -como ya vimos en la primera parte de esta investigación- por Jordan Goudreau, el fundador y presidente de Silvercorp, un ex ‘boina verde’ veterano de las guerras de Irak y Afganistán.

Ni en este documento, publicado por The Washington Post (https://bit.ly/3cD0ztB) ni en los Anexos (https://wapo.st/2T9iVuQ ) con su versión en español (https://bit.ly/363FOF2) aparece ninguna argumentación ni objetivo político para justificar ese contrato que detalla un plan nada menos que para derrocar violentamente al Gobierno de Venezuela.

El documento, que data del 16 de octubre de 2019, se limita a delinear en su Contrato General de Servicios los compromisos de cada una de las partes ‘contratantes’; el ‘gobierno’ de Guaidó, por un lado, tratado en el texto como “The Administration”, o “La Administración” en su versión en español, y los mercenarios de Silvercorp USA Inc, el “Services Provider” o “Proveedores de Servicios”.

Guaidó y su equipo dicen en la introducción que actúan “con la autoridad” que les confiere la resolución de la Asamblea Nacional de Venezuela del 23 de enero de 2019 -cuando se auoproclamó ‘presidente interino- en sus artículos 233, 333 y 350.

Se establece explícitamente en sus páginas 1 y 2 que los Anexos forman parte indisoluble del mismo contrato, y en la página 7 se especifica que estos “serán firmados por los Comisionados Sergio Vergara y J.J. Rendón”.

De esta forma se aclara por qué la firma de Guaidó aparece solo al pie de la página 8 del Contrato General de Servicios pero no en la página 41 de los Anexos.

Como vimos en el vídeo de las declaraciones de J.J. Rendón a la CNN en el primer artículo de esta investigación, este intentaba exculpar a Guaidó de cualquier responsabilidad sosteniendo que su firma no aparecía al pie del contrato porque no lo había firmado y que no había llegado a leer los Anexos porque “estaba muy ocupado”.

No es así, son dos documentos, formando parte de un mismo contrato, en los considerandos generales incluye la firma de Guaidó y para los Anexos este delega explícitamente la responsabilidad de firmarlos en Vergara y Rendón, los dos hombres al frente de su Comité de Estrategia.

Por parte de Silvercorp tanto la primera parte como los Anexos está firmados por Jordan Goudreau y en carácter de testigo por Manuel J. Retureta.

Los mercenarios seguirían prestando servicios para el gobierno de Guaidó hasta más de un año después de su instauración por la fuerza

En la parte general se deja claro que los servicios de la compañía de mercenarios no terminarían con el derrocamiento del Gobierno de Nicolás Maduro ya que en el contrato se sostiene que las actividades de Silvercorp durarían “al menos durante 495 días”, seguiría prestando servicios para el gobierno de Juan Guaidó una vez aupado al poder violentamente.

En el documento se aclara que ante cualquier conflicto que surgiera en el cumplimiento del mismo se regiría según la legislación del Estado de Florida. Se valora que para el cumplimiento por parte de Silvercorp de la primera parte del contrato -el derrocamiento del Gobierno de Maduro- se necesitarían 50 millones de dólares, pago garantizado por barriles de petróleo venezolano.

El contrato fija que el presupuesto total de los servicios de Silvercorp se elevarían a 212,9 millones de dólares contemplando pagos mensuales hasta el final de los 495 días acordados.

          “La Administración acuerda pagar al proveedor de Servicios cada mes después de la finalización del Proyecto (la salida/eliminación del Régimen Venezolano vigente y la entrada/instalación del Gobierno Venezolano reconocido) un mínimo de $10,860,000,00 (USD), un promedio de $14,820,000,00 (USD) y un máximo de $16.456,000,00 (USD).”

Los Anexos detallan exhaustivamente los derechos y obligaciones asumidos por las dos partes: el gobierno de Guaidó y los mercenarios de Silvercorp.

Se fijan por ejemplo las funciones de los mercenarios una vez instaurado el gobierno de facto de Guaidó:

           “El Proveedor de Servicios continuará los servicios de asesoramiento contra el terrorismo, las operaciones contra los estupefacientes y la recuperación de activos financieros venezolanos robados en todo el mundo durante la duración del plazo del acuerdo” .

Se llega incluso a especificar en cuanto a la recuperación de oro, dinero efectivo, obras de arte, vehículos u otros bienes, que los mercenarios deberán entregarlos a las nuevas autoridades y que recibirán como compensación por su acción una gratificación del 14% del valor de lo recuperado.

En otro apartado se contempla la posibilidad de que el nuevo gobierno no cuente con liquidez para pagar los pagos estipulados en el contrato:

             “En caso de insolvencia en efectivo, la Administración podrá optar por efectuar pagos en barriles de petróleo”.

Y como en un buen acuerdo comercial también se contemplan bonus:

           “La Administración pagará un bono de éxito al Proveedor de Servicios por un monto de $10,000,000,00 (USD). Esta bonificación está supeditada a una operación exitosa de financiación del proyecto (la salida/eliminación del régimen venezolano y la entrada/instalación del gobierno venezolano reconocido)”.El contrato contiene numerosas cláusulas de tipo militar. Así se definen cuáles son las “fuerzas hostiles declaradas” entre las que se cita a “ciertas fuerzas militares y paramilitares ilegítimas (fuerzas de seguridad del antiguo régimen, fueras aéreas, terrestres y navales convencionales y/o no convencionales)”. También aclara que se incluyen también en esa categoría de “fuerzas hostiles declaradas” que “pueden ser neutralizadas”, “el ex personal militar y paramilitar venezolano que opera como individuos o grupos insurgentes que continúan las hostilidades contra la Administración y el Proveedor de Servicios”.

Entre las “fuerzas ilegítimas venezolanas se nombra a “Nicolás Maduro, sus tenientes, asociados clave, cualquier partidario armado”, también a “Diosdado Cabello, sus tenientes y asociados clave”, a “organizaciones y cárteles de tráfico de drogas, colectivos armados y violentos” y a fuerzas paramilitares como las FARC y ELN colombianos o el libanés Hezbolá.

Se detallan igualmente tanto la línea de mando como los distintos tipos de objetivos militares a “neutralizar”; se fija la política a seguir para aquellas operaciones militares  que puedan provocar “más de un 10% de daños colaterales” y quiénes deben autorizar en cada momento bombardeos, el uso de minas de destrucción/desactivación, las minas M118A1 Claymore, bombas, drones Predator y distinto tipo de armamento.

 El contrato asigna a los mercenarios, al ‘Proveedor de Servicios’, amplias funciones para ‘el día después’, a posteriori del derrocamieno de Maduro. Así se contempla cómo deben actuar ante disturbios civiles, cómo se deben hacer los controles fronterizos, en qué casos pueden incursionar incluso en suelo brasileño o colombiano (en persecución a ‘fuerzas hostiles’ que les hayan atacado); cómo deben efectuar detenciones y multitud de detalles.

El contrato tiene cláusulas específicas para tratar en qué casos se puede usar “la fuerza mortal”:

           “El uso de la fuerza necesaria, hasta la fuerza mortal, está autorizado para proteger a las personas designadas y las fuerzas militares”.

Entre las personas a proteger usando si es necesario “la fuerza mortal” figuran tanto las fuerzas gubernamentales como las de los mercenarios, ONGs y organizaciones internacionales “que proporcionan asistencia humanitaria y/o socorro en Venezuela”, o el Comité Internacional de la Cruz Roja “y cualquier organización de socorro apoyada por los Estados Unidos o las Naciones Unidas y el equipo y suministros esenciales de su misión”.

También se autoriza “la fuerza mortal” de forma preventiva:

           “Dentro de Venezuela, la fuerza necesaria, hasta e incluyendo la fuerza mortal, puede ser usada contra individuos o grupos de individuos que cometen, o están a punto de cometer, un acto que pueda causar la muerte o daños corporales graves a otra persona”.

Son numerosos los casos en que se autoriza contractualmente el uso de la fuerza letal, para resguardar campos petrolíferos, estaciones de servicio, instalaciones de suministro de agua, de gas urbano, hospitales, escuelas, universidades y un larguísimo etcétera.

En el Artículo 4 del apartado “Misión”, se dicepor ejemplo que “El Gobierno venezolano contrata con el proveedor de Servicios para apoyar sus esfuerzos para mantener la paz y la estabilidad en Venezuela, incluida la cooperación en la realización de operaciones contra grupos terroristas y grupos fuera de la ley y los restos de cualquier régimen anterior”.

En el Artículo 5 de este mismo apartado el gobierno de Guaidó autoriza a los mercenarios el uso de vehículos y desplazamientos por aire, mar y tierra para el cumplimiento de su misión, aunque especifica que “harán todo lo posible para ocultar su identidad” de forma de “proteger la cara del proyecto solo como venezolano”.

El compromiso de Guaidó y su equipo asume el “riesgo exremadamente alto del trabajo involucrado en el proyecto”. Por eso le garantiza que los mercenarios estadounidenses “estarán asegurados por la Administración”.

           “Todas las personas del grupo de trabajo usarán casco balístico de placa de golpe balístico, protección para los oídos, protección para los ojos y uniforme ignífugo. La Administración pagará todos los gastos médicos relacionados con todos los miembros del Grupo de Tareas durante la duración del proyecto y durante cualquier recuperación posterior de las lesiones sufridas durante el proyecto”.

Se prevén cientos de miles de dólares por la pérdida de extremidades o la muerte de los mercenarios:

            “La Administración pagará $450,000,00 (USD) a los familiares más cercanos de cualquier miembro del Grupo de Tareas que sea asesinado en acción. La Administración pagará $250,000,00 (USD) a cualquier miembro del Grupo de Tareas que pierda una extremidad o visión durante el transcurso del proyecto”.

Guaidó y su gente se comprometieron por este contrato a dar impunidad total a los mercenarios y  defender a cada miembro de Silvercorp ante las reclamaciones que pudieran surgir en contra por su actuación.

En los párrafos finales de estos Anexos se confirma cuál es la Cadena de Mando:

            “La Cadena de Mando para esta operación es la siguiente: 1-Comandante en Jefe, Presidente Juan Guaidó, 2-Supervisor General del Proyecto: Sergio Vergara, 3-Estratega Jefe: Juan José Rendón, 4-En el sitio Comandante: por determinar”

En la parte final del documento se confirma que “La aprobación final de la convocatoria de operación será dada por el Comité Estratégico”, es decir, por Vergara y Rendón, los dos hombres de más confianza de Guaidó.

El Comité Estratégico decidió posteriormente cancelar el operativo, por desconfianza en la capacidad real de la empresa de Jordan Goudreau para llevar a cabo tan ambicioso operativo, por algunos ex militares chavistas con los que este se había aliado, y por temor a que el grupo estuviera infiltrado por gente de Maduro.

A pesar de que el equipo de Guaidó no habría tenido por lo tanto implicación directa en la patética y frustrada Operación Gedeón del pasado 3 de mayo en la costa venezolana, ha quedado al descubierto toda la compleja trama que urdió para derrocar violentamente al Gobierno de Maduro.

Ni los balbuceos de Rendón intentando exculpar a Guaidó de este complot, ni los desmentidos y contradicciones de este al hablar del tema pueden encubrir lo indudable: el ‘presidente encargado’, reconocido como tal por casi 60 países, España incluida, ha traspasado todas las líneas rojas y ha contratado por 212,9 millones de dólares a una compañía de mercenarios para secuestrar y/o matar a Nicolás Maduro y tomar el poder por la fuerza de las armas.

Tras más de un año intentando en vano por todos los medios un levantamiento de las fuerzas armadas venezolanas, Guaidó terminó optando por contratar a un ‘ejército privado’ -Silvercorp prometió 800 mercenarios- para derrocar al Gobierno de Maduro. El contrato demuestra que confiaba a esa compañía durante al menos los 16 primeros meses de vida del nuevo gobierno de facto, el mayor peso de la “neutralización de las fuerzas hostiles”, el control de las protestas civiles callejeras y el control de sus fronteras.

A pesar de ello, después de todas estas revelaciones y pruebas irrefutables Guaidó sigue aún libre, algo impensable en cualquier país del mundo.

Solo lo explica el hecho de que el Gobierno de Maduro está criminalmente acorralado económicamente en plena pandemia; con buena parte de sus activos en el exterior congelados ilegalmente por EEUU; con amenazas de sanciones a los países que comercien con Venezuela, y con la explícita y constante amenaza de intervención militar por parte de Trump en el caso de osar detener y juzgar al golpista Guaidó. 

III. El desprestigio de Guaidó da un balón de oxígeno a Maduro

En esta tercera y última parte de la investigación sobre el contrato firmado por Juan Guaidó con los mercenarios estadounidenses, el autor analiza las consecuencias políticas de esta revelación

y las nuevas amenazas de EEUU

Nicolás Maduro ha conseguido que el fracaso de la Operación Gedeón del pasado 3 de mayo y la revelación del contrato firmado por Juan Guaidó con los mercenarios de Silvercorp USA Inc para derrocar al Gobierno venezolano le dieran un balón de oxígeno.

Uno más, porque en realidad cada intentona golpista fracasada de Guaidó ha supuesto mayor división interna y menor credibilidad de la oposición, aportando tiempo y margen de maniobra a Maduro.

Tras la última aventura golpista Guaidó ha quedado totalmente tocado, su credibilidad está en los niveles más bajos. Muchos de los venezolanos que en un momento le siguieron comprando sus promesas de acabar mágicamente con la crisis económica, el desabastecimiento, la corrupción, el clima de violencia y la falta de futuro, han ido abandonándolo, totalmente desilusionados.

A pesar de ser apoyado explícitamente por EEUU y por decenas de países a los que la Administración Trump presionó de forma poco sutil, y a pesar de recibir millones de dólares de Washington y de ricos empresarios venezolanos, colombianos y españoles, Guaidó ha demostrado ser incapaz de mantener unida a la oposición y de ofrecer un programa de gobierno alternativo mejor al de Maduro. 

Tal como ha quedado claro por la reconstrucción cronológica de su gestión desde que se proclamara  ‘presidente encargado’ el 23 de enero de 2019 hasta la fecha, tanto Guaidó como Leopoldo López y su entorno -ambos del partido Voluntad Popular- descartaron en todo momento cualquier tipo de diálogo político y de búsqueda de una salida negociada a la crisis.

La vía violenta callejera iniciada ya por Leopoldo López y Corina Machado años antes, desde 2014, se fue abriendo paso cada vez más en el seno de la dividida y variopinta coalición opositora, la MUD (Mesa de Unidad Democrática), desplazando a Henrique Capriles, el líder que esta logró consensuar por primera vez en 2012 tras años de división.

Fue una vía sin retorno. La línea más ultra, con fuerte apoyo de sectores empresariales venezolanos, colombianos, y de los gobiernos de EEUU, Colombia y otros países, se hicieron con el control de la oposición, convencidos de que Maduro caería a corto plazo.

No cabe duda de que ese sector más duro de la oposición política venezolana y ex altos cargos militares desertores que se encuentran en Colombia o en Estados Unidos volverán a intentar una operación militar para derrocar al Gobierno de Maduro.

Los militares que desertaron creyendo las promesas de sus jefes

viven ahora miserablemente en Colombia abandonados a su suerte

Los cientos de jóvenes soldados que desertaron y se pasaron a Colombia siguiendo a sus jefes que les prometían un mundo mejor y que inicialmente fueron tratados como héroes, viven ahora miserablemente en el país vecino, abandonados a su suerte tras los fracasos de intentonas golpistas. Muchos de ellos pueden ser carne de cañón fácil para apuntarse a nuevas aventuras bélicas.

Maduro ha dicho públicamente el pasado 14 de mayo que su Gobierno sabe que en Colombia permanecen grupos de militares rebeldes y mercenarios entrenándose a la espera de una nueva oportunidad para intentar otro golpe de Estado.

“Se están conformando en Colombia nuevos grupos de sicarios, mercenarios y terroristas. Tenemos los nombres, el lugar donde están, quiénes los protegen y todo apunta a Iván Duque otra vez”, dijo.

Con el fracaso de la patética y suicida Operación Gedeón que tanto los mercenarios como militares rebeldes decidieron seguir adelante a pesar de que Guaidó desconfió de su resultado y se echó atrás, Maduro ha conseguido al menos por el momento reforzar la unidad de las fuerzas armadas venezolanas.

Muchos se lo pensarán dos veces antes de embarcarse en una aventura bélica como esta última, donde se han mezclado como ya viene siendo habitual los intereses de políticos, empresarios, militares que se han rebelado por distintas causas, mercenarios, paramilitares colombianos y mercenarios estadounidenses. Máxime cuando la contrainteligencia venezolana ha demostrado gran eficacia para desarticular ya varias conspiraciones.

EEUU se ha desvinculado de la última intentona golpista pero exige

a Venezuela la repatriación de los dos mercenarios estadounidenses capturados

El Gobierno de Estados Unidos se ha desvinculado de la Operación Gedeón. “Yo no enviaría un grupito de personas, no, no, lo llamaría Ejército”, dijo Trump en una entrevista a Fox News. En tono de burla añadió: “Sería un poquito diferente, lo llamarían invasión”.

Sin embargo, su secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, se mostró muy preocupado por la suerte de los dos mercenarios de Silvercorp participantes de la intentona golpista fallida y detenidos por las fuerzas bolivarianas: “Si el régimen de Maduro decide retenerlos, utilizaremos todas las herramientas que tengamos disponibles para tratar de traerlos de regreso”.

Menos de un mes y medio antes, el pasado 26 de marzo, EEUU había lanzado su oferta de recompensa de 15 millones de dólares por la cabeza de Maduro y sus principales ministros y generales acusándolos de ‘narcoterrorismo’ y pocos días después, el 3 de abril, anunciaba que duplicaría el número de barcos militares y tropas en las costas de América Latina .

Según Washington el objetivo era “luchar contra el tráfico de drogas” en el este del Océano Pacífico y el mar del Caribe, abarcando así especialmente a Venezuela y México.

A pesar de que la pandemia del Covid-19 comenzaba a hacer estragos en EEUU y ya se habían producido las primeras 4.700 muertes y 200.000 contagios, Trump no descuidaba a Venezuela y ordenaba amplias maniobras navales frente a las costas venezolanas y mexicanas.

“Hoy EEUU está fortaleciendo sus operaciones contra las drogas en Latinoamérica para proteger al pueblo estadounidense del azote mortal de las drogas. No dejaremos que los carteles del narcotráfico se aprovechen de esta pandemia para amenazar la vida de los estadounidenses”, anunciaba Trump en rueda de prensa.

Por si quedara alguna duda sobre el objetivo real de esas maniobras, que incluyeron el despliegue de destructores, aviones de combate y helicópteros, el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, declaraba junto a Trump: “El régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela se nutre del dinero que le llega de la venta de droga para mantener su poder opresor”.

El Comando Sur amenaza con impedir la llegada

a Venezuela esta semana de cuatro buques cisterna

iraníes transportando millones de litros de combustible

Por su parte, el Jefe del Comando Sur de EEUU, el almirante Craig Faller, advirtió el pasado lunes 18 que varias naves de guerra estadounidenses estaban en “máxima alerta” en el Caribe ante la llegada en los próximos días a Venezuela de buques cisterna iraníes portando combustible para ese país.

La crisis que vive la petrolera gubernamental venezolana (PDVSA), asfixiada por el congelamiento de sus activos en el exterior por EEUU y por las sanciones impuestas a quienes transporten petróleo venezolano, han provocado una aguda crisis energética en el país que tiene las mayores reservas de crudo del mundo.

Faller acusó a Irán, China y Rusia de “querer reescribir el actual orden mundial” apoyándose en “narcodictaduras como la venezolana”. El Gobierno de Maduro ha respondido por su parte que barcos y aviones de la Fuerza Armada Venezolana “escoltará a las embarcaciones iraníes al entrar próximamente en la zona económica exclusiva de Venezuela”.

Los buques cisterna Fortune, Faxon, Petunia, Clavel y Forest partieron el pasado 30 de marzo del puerto de Bandar Abbas, en el Golfo Pérsico, transportando un total de 127 millones de litros de gasolina y 800.000 barriles de hidrocarburos, insumos y aditivos, con los que se podrían cargar los depósitos de 500.000 vehículos venezolanos por semana.

A EEUU le preocupa que este abastecimiento por parte de Irán resquebraje el bloqueo que impone a Venezuela. A inicios de mayo llegaron a Venezuela aviones iraníes portando catalizadores y otros equipos para poder reactivar el que fuera el mayor complejo refinador de petróleo del mundo, el de Praguaná.

Reino Unido se suma al boicot a Venezuela

y rechaza devolverle 31 toneladas de oro

depositadas en el Banco de Inglaterra

El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, anunció el pasado 20 de mayo que su país llevará a juicio al Banco de Inglaterra “por robar 31 toneladas de oro” que el Gobierno venezolano tiene depositado en custodia en esa entidad financiera.

“¡Una alerta al mundo para nunca más confiar en estos piratas del siglo XXI!”, escribió el embajador en su cuenta de Twitter.

El Gobierno de Maduro lleva dos años intentando rescatar los lingotes de oro que en un momento depositó en el Banco de Inglaterra, y que hoy necesita más que nunca. El banco central británico tomó esa decisión por presión de la Administración Trump. En noviembre de 2018 Donal Trump firmó un decreto ejecutivo para imponer otra tanda de sanciones contra Venezuela y entre ellas figuraban duras restricciones a la industria minera del oro venezolano,

El Banco de Inglaterra ahora exige ‘garantías’ a Venezuela de que esas 31 toneladas de oro propiedad del Estado venezolano no vayan a ser utilizadas “en beneficio personal del presidente Maduro y su entorno”.

Maduro tiende su ramo de olivo a la oposición

y acepta renovar el Supremo y convocar elecciones presidenciales

En ese contexto de cerco político, económico, financiero, diplomático y con militares y desertores entrenándose en campamentos en zonas fronterizas colombianas esperando una nueva oportunidad para intentar otro golpe, Maduro intenta rentabilizar políticamente la crisis interna de la oposición.

Desde hace meses muestra su talante más negociador elogiando y dando protagonismo a la oposición ‘moderada’.

En enero pasado ya aprovechó la división interna producida en el seno del bloque opositor de la Asamblea Nacional -mayoritario en el hemiciclo- que había dado lugar a un cuestionamiento del liderazgo de Guaidó por parte de numerosos parlamentarios.

Siguiendo la máxima del “divide y vencerás” los diputados del bloque gubernamental respaldaron con su voto al bloque de la oposición crítico con Guaidó, y en una turbulenta sesión parlamentaria llena de irregularidades se aupó a la presidencia de la Asamblea Nacional a Luis Parra, líder del partido Primero Justicia.

Guaidó calificó de fraude esa votación y en otra sesión parlamentaria ese mismo día se hizo a su vez reelegir por los suyos como el ‘presidente legítimo’ de la AN. Así quedaron conformadas dos cámaras legislativas paralelas, aunque en realidad la única cuyas decisiones son vinculantes es la tercera, la Asamblea Nacional Constituyente (https://bit.ly/36nuK5R), presidida por un peso pesado del chavismo, Diosdado Cabello.

Son varios los partidos opositores, además de Primero Justicia, que a pesar de ser sumamente críticos con el Gobierno han aceptado mantener una mesa de negociación con este, distanciándose totalmente de Guaidó y el resto de opositores. De esta forma la división de la oposición se ha formalizado e institucionalizado. 

Luis Parra ha reclamado en nombre de ‘su’ Asamblea Nacional que se investigue a Guaidó por su relación con la Operación Gedeón y ha rechazado toda injerencia extranjera para resolver los problemas de Venezuela. “Exigimos la devolución de los capitales y bienes de Venezuela congelados en el exterior para que se pueda hacer frente a la pandemia del Covid-19”, dijo.

A pesar de la desconfianza que el Gobierno de Maduro le merece a este sector de la oposición, desde hace meses se ha logrado mantener una mesa de diálogo y ambas partes habrían logrado consensuar el inicio de un proceso que permitiera renovar con garantías a los miembros del polémico Tribunal Supremo de Justicia.

Igualmente el Gobierno se mostró dispuesto a preparar las condiciones para poder convocar elecciones presidenciales. La irrupción del Covid-19 ha alterado el proceso, como en muchos países, aunque no lo ha paralizado totalmente.

Siguiendo la ‘tradición’ del sector más intransigente de la oposición, Guaidó y su equipo rechazaron participar de cualquier mesa de negociación aduciendo que ‘el régimen’ solo quería ganar tiempo, pero que esas reuniones no conducirían a nada. Su única propuesta alternativa: la formación de un “Gobierno de Emergencia Nacional” … en el que no participe Maduro. Y es, claro, la alternativa que apoya Estados Unidos.

El presidente venezolano llamó a la oposición

a hacer un frente común ante el Covid-19

A fines de marzo pasado, más de un mes antes de que se produjera la fallida invasión anfibia,

Nicolás Maduro había hecho un amplio llamamiento a la oposición: “Como ciudadano de este país estoy listo para hablar con toda la oposición, con parte de ella, o con quien quiera hablar para llegar a acuerdos que favorezcan y protejan a nuestro pueblo por encima del sectarismo, la politiquería y los orgullos”, dijo por televisión.

Maduro mencionó especialmente a dirigentes ‘moderados’ de la oposición, a Henrique Capriles (Primero Justicia), a Henry Ramos Allup (Acción Democrática) y a Manuel Rosales (Un Nuevo Tiempo), pero dijo que todos estaban invitados a dialogar.

“Si ustedes no me reconocen como presidente no me importa, lo que me importa es que reconozcan la necesidad de proteger al pueblo y cese la conspiradera y se levanten las sanciones contra los venezolanos”.

Paralelamente, ya Parlasur (el Parlamento de Mercosur) viene acogiendo las reuniones de la Comisión de Diálogo entre el oficialismo y dirigentes de la opositora MUD (Mesa de la Unidad Democrática), con presencia de la Iglesia católica como ‘observadora de buena fe’.

Participan incluso cancilleres de países hostiles a Maduro, como Brasil, Colombia y Ecuador, que lo hacen en representación de Unasur.

Para los más escépticos, todas esas negociaciones conducirán nuevamente a un fracaso. Consideran que solo le permiten a Maduro ganar tiempo. Sin embargo, son cada vez más los sectores críticos al Gobierno que insisten en que hay que persistir en el intento, que después del fracaso de la Operación Gedeón se muestra más que nunca que la negociación es la única salida para la crisis venezolana.

Maduro está tomando también iniciativas para contrarrestar los informes de organismos humanitarios y medios de comunicación internacionales sobre los millones de venezolanos que se han visto obligados a abandonar Venezuela a causa de la crisis económica.

Desde hace tiempo ha lanzado la campaña Vuelta a la Patria que atrae a miles de emigrantes que no han encontrado acogida ni en Brasil, Colombia, Ecuador ni otros países de la región, sino explotación laboral e incluso rechazo y hostilidad de mucha gente de esos países que vive  miserablemente y que ve a los emigrantes venezolanos como competidores en el mercado laboral y en el uso de los raquíticos servicios sociales públicos.

A pesar de su intento, en un momento de crisis económica profunda como la que vive Venezuela, en su tercer año de hiperinflación, acosada económica, financiera y políticamente, mucho tendrían que cambiar las cosas para que la operación Vuelta a la Patria tenga posibilidades de facilitar la vuelta al país en condiciones dignas a los millones que emigraron.

Ni España ni la UE han cambiado su postura

sobre Guaidó después de revelarse su contrato

con mercenarios para derrocar a Maduro por la fuerza

El Gobierno español al igual que sus homólogos de la Unión Europea y de las otras docenas de países que reconocieron hace más de un año como legítimo ‘presidente encargado’ a Juan Guaidó parecen haber cambiado de actitud hacia él tras conocerse el contrato firmado con los mercenarios de Silvercorp USA Inc para “capturar/detener/matar” a Maduro y hacerse con el poder.

Hasta ahora España y la UE asisten impasibles a todas las agresivas medidas unilaterales e ilegales según el derecho internacional que aplica la Administración Trump contra el Gobierno de Venezuela.

Una vez más Europa demuestra la falta de una política exterior y de seguridad independiente.

No hace falta apoyar políticamente al Gobierno de Maduro para adoptar una postura firme de condena a las agresiones de EEUU en la ONU y en todos los foros internacionales.

España y la UE tendrían todavía ahora una gran oportunidad para jugar un rol realmente activo en busca de una solución política negociada e impedir el bloqueo imperialista.

Josep Borrell, alto representante de la UE para la Política Exterior, ha presentado como gran logro la convocatoria de una Conferencia de Donantes para este mismo mes para ayudar en la crisis de los refugiados.

Pero el objetivo no es recaudar dinero para contrarrestar el bloqueo que sufre Venezuela y apoyarla en su lucha contra el Covid-19 en tan difíciles circunstancias, sino para ayudar económicamente a los países vecinos donde hay refugiados venezolanos.

“La conferencia apoyará a los vecinos de Venezuela que están recibiendo niveles sin precedentes de refugiados”, explicó Borrell.

La conferencia ha sido promovida por España y la UE con el apoyo de las agencias con las que cuenta Naciones Unidas para las migraciones (OUIM) y para los refugiados (ACNUR).

España tiene una oportunidad para mostrar su propio perfil diplomático ante esta crisis y rectificar la actitud que tuvo Pedro Sánchez en enero de 2019 https://bit.ly/2WVQgeT al dar un ‘ultimátum’ a Maduro para que convocara inmediatamente elecciones, y la actitud que tuvo tres meses después al acoger en la embajada en Caracas al golpista y prófugo de la Justicia Leopoldo López.

La derecha y ultraderecha española sigue calificando al actual gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos de ‘dictadura bolivariana comunista’ y lo seguirá haciendo porque le resulta útil políticamente en clave nacional.

Sin embargo después de las revelaciones sobre el contrato firmado por Guaidó con los mercenarios de Silvercorp USA Inc lo tendrá más difícil para seguirlo llamando “presidente democrático y legítimo de Venezuela”, al que rindieron grandes homenajes y a quien entregaron las Llaves de Oro de Madrid.

*Roberto Montoya es un conocido y reconocido periodista. Fue jefe de Internacional del diario español El Mundo y corresponsal del mismo en París y Roma. También ha sido corresponsal de Univisión en Londres. Es autor de El Imperio Global, La Impunidad Imperial y Drones. La muerte a control remoto entre otros. Es miembro del Consejo asesor de la revista Viento Sur y escribe habitualmente para los diarios Público, El Diario.es, El Salto, Página 12 y otros. Ha ido editor del programa de TV  El lado oculto de la noticia.

NOTA de Un Mundo Por Ganar:

https://unmundoporganar.org agradece a Roberto Montoya el habernos permitido reproducir estos tres artículos que se publicaron originalmente en El Salto.

Entendemos que este trabajo de Montoya es una importante contribución a esclarecer los hechos y viene a demostrar como Juan Guaidó y comparsa mantienen una línea violenta con el fin de derrocar al gobierno de Maduro.

Nuestra línea editorial es de respeto a la democracia y a la verdad. Esperamos que en las próximas elecciones venezolanas, se pueda terminar con  esta situación bufa de “dos presidentes” y ambas partes respeten el resultado de las urnas. A la vez que la UE y los Estados que han promovido a Guaidó, si éste no logra la mayoría, dejen de apoyarle y respeten la decisión soberana del pueblo venezolano y a su gobierno legítimo.